Comienza la limpieza para la recuperación y puesta en marcha de los invernaderos de las Matillas
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Hora 14 Fin de Semana Castilla y León
Valladolid
El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a sentarse para que haya un pacto por la sanidad en Castilla y León, pero no lo hará a cualquier precio, y menos para “blanquear recortes y la privatización del Gobierno actual”. Tampoco quiere más papel mojado, sino un acuerdo que llegue a las Cortes de Castilla y León y que sea un documento que de verdad apueste por una sanidad pública, gratuita y universal, alejada de cualquier atisbo de privatización y que respete los derechos de los pacientes, de las mujeres y de los profesionales que la sustentan.
Sus condiciones se recogen en los 30 puntos de la moción que defenderán en el pleno de las Cortes de esta próxima semana, 21 y 22 de marzo, y que exigen que sea apoyada por el Grupo Popular para que comience a andar un pacto que garantice el futuro de uno de los bienes más preciados de la población. Sus propuestas se resumen en blindar por ley la sanidad pública y cerrar la puerta a cualquier política de recortes y de privatización y a cualquier paso que suponga apartar la prestación de los pueblos, según el documento consultado por Ical.
Una de las principales reivindicaciones pasa por un fondo de 250 millones para la recuperación de la sanidad, algo que ya se incluyó en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, así como aprobar un un plan estratégico de la Atención Primaria de Castilla y León 2023-2030, con el foco puesto en el medio rural, donde quieren que la prestación sea, como mínimo, la misma que antes de la pandemia, y lleguen más pediatras para garantizar un mínimo de tres consultas semanales en la zona básica de salud. En este punto, también reclaman fijar los puestos de difícil cobertura, para marcar incentivos que permitan cubrir las plazas que siempre se quedan vacías, muchas de ellas en zonas limítrofes y alejadas de las grandes ciudades.
Frente a la política actual de peonadas para rebajar las listas de espera, y los pluses en las consultas de Primaria para recortar las demoras, el PSOE propone un plan de choque con recursos propios y crear equipos quirúrgicos y de especialistas en turnos permanentes que sirvan para rebajar las demoras en operaciones y pruebas. En Atención Primaria, marca la "lista de espera cero" para que ninguna persona tenga que esperar más de 48 horas.
Asimismo, los socialistas abogan que en el plazo máximo de tres meses las Cortes reciban un Proyecto de Ley de Plazos Máximos, para que la espera máxima para una consulta de especializada sea de 30 días; la de pruebas diagnósticas 20 días, la de cirugía oncológica o cardíaca urgente de 20 días y la de intervenciones quirúrgicas no urgentes 90 días.
Derecho a abortar
El Grupo Socialista defiende despejar cualquier duda que pueda menoscabar los derechos de las mujeres de Castilla y León, y exige compromiso explícito que descarte cualquier medida o protocolo dirigido a orientar, condicionar o coaccionar a las mujeres que han decidido interrumpir voluntariamente el embarazo.
También, pide que en el plazo de tres meses se incorpore la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios de todos los centros hospitalarios públicos, de modo que se garantice en el hospital de referencia de la mujer, y que en este tiempo todos tengan actualizados los registros de objetores de conciencia.
Infraestructuras nuevas y pendientes
Dentro del capítulo de infraestructuras, los socialistas marcan un fondo específico, de ejecución plurianual, para la adecuación y el equipamiento de consultorios locales. Al respecto, solicitan que el plan de inversiones sociales prioritarias incluya cerca de 40 infraestructuras y equipamientos, con un plazo tope de finalización en 2025. En el listado figuran, por ejemplo, el Hospital Comarcal Valle del Tiétar, el Centro de Especialidades Comarca Alberche-Pinares, el acelerador lineal de Ávila, el Centro de Salud de Miranda de Ebro y el de Villasana de Mena, así como la ampliación de la UCI del Complejo Asistencial de León, un plan de mejora consultas externas Hospital de El Bierzo, la Unidad Medicalizada de Emergencias para el Centro de Salud de Cuéllar; la reapertura del Centro de Especialidades Delicias, y la ampliación y mejora del hospital de Benavente, entre otras.
Por lo que respecta a las obras pendientes, la moción incluye que se ejecuten, con cargo al presupuesto actual y con carácter “inmediato” casi otros 20 proyectos, entre los que figuran, la ampliación del centro de Salud de Madrigal de las Altas Torres; el de Arévalo; el García Lorca, en Burgos; el de San Andrés del Rabanedo, así como el de Aguilar de Campoó, y el Soria Norte.
Salud Mental
Desde el PSOE invitan a la Consejería de Sanidad a aprobar, en seis meses, II Estrategia de Salud Mental y Psiquiátrica de Castilla y León; incrementar las plantillas de todas las categorías de esta especialidad; y que las unidades de salud mental respondan al modelo asertivo comunitario, con más equipos interdisiplinares y menos unidades de hospitalización psiquiátrica.
También se indica la necesidad de aumentar la red de centros públicos y de gestión pública, como centros de día, residencias abiertas y pisos supervisados, tanto en el medio rural como en el medio urbano; facilitar el acceso de las personas con trastornos mentales a la terapia psicológica mediante la incorporación de psicólogos a los equipos de Atención Primaria, al menos, uno por cada zona básica de salud, además de campañas de sensibilización y programas de apoyo a los profesionales que han sufrido daño psicológico como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID.
Nuevas universidades
El documento añade aumentar hasta un 15 por ciento el número de plazas para estudiar el Grado en Medicina en Castilla y León, y que se convoque, con absoluto respeto a la autonomía universitaria y antes de finalizar el primer trimestre de 2023, la comisión académica del Consejo de Universidades de Castilla y León. El objetivo es que cualquiera de las universidades formalicen una solicitud de nueva enseñanza oficial, incluidos los grados de Medicina de León, Burgos y Soria, u otros grados que pudieran interesar a Salamanca y Valladolid.
En el caso del acuartelamiento de Navarredonda de Gredos, la perito certifica que los trabajos realizados son en realidad solo la mitad de los presupuestados. Es decir: que la empresa cobró presuntamente 41.000 euros por unos trabajos valorados en 21.000. Según el informe realizado para el juzgado, varios puntos como la rehabilitación con mortero de la fachada no se hicieron, las puertas se pintaron solo por la cara visible, y la cubierta presenta “importantes daños” que debían ser reparados, pero no lo fueron. En este caso, la Guardia Civil pidió presupuestos a tres empresas distintas. Sin embargo, dos de ellas presentaron sus presupuestos, con cifras distintas pero “la misma maquetación” y el mismo “tipo de letra”.
En Adanero por ejemplo, el contratista solo pintó el cuarto de puertas, el almacén y el hall de entrada, pero solo el techo. Cuando pintaron no quitaron siquiera las placas de los extintores. Ahora que por normativa esos extintores han sido bajados al suelo y las placas retiradas, se puede apreciar la marca de la pintura antigua. La perito explica además que la empresa facturó 90 metros de pintura por una estancia que mide solo 66,8 metros cuadrados, 90 metros por otra sala que solo mide la mitad y 390 metros cuadrados de zonas comunes cuando solo pintó 251. Pero lo peor de todo es que en este caso, ni siquiera llegaron a pintar. “Se emite una valoración real de los trabajos ejecutados a criterio de este técnico. Esta valoración es cero, ya no se ejecutó nada en este cuartel”. En este punto concreto, el importe facturado fue de 3.920 euros.
Así, los errores sistemáticos en las mediciones se repiten por ejemplo en el cuartel de Madrigal de las Altas Torres, Avila, Hoyo de Pinares, Pedro Bernardo o Muñogalindo siempre a favor del contratista. Pero es que además “no se pintaron ninguna de las estancias facturadas”, según refleja el informe. El pago fue de 3.955 euros aunque “realmente” solo se ejecutó presuntamente el 13%. La empresa que cobró el dinero, Angrasurcor SL, fue la misma que en el caso anterior. Tampoco se pintaron las “estancias facturadas” en San Pedro del Arroyo, donde las mediciones también fueron casi el doble de las reales y el trabajo se limitó a algunas zonas comunes. Solo el 25% de todo lo facturado, a juicio de la perito nombrada por el juzgado.
En La Adrada, se pagaron 90 metros cuadrados de pintura en una habitación que medía según la perito 30. En una de las dependencias de Ávila, el resultado fue parecido (casi 4.000 euros cobrados y ni un solo trabajo hecho) y en Crespo, además de todo lo anterior, tampoco se reparó la puerta de entrada “ni se hizo ningún tratamiento anti goteras”. Aun así, se autorizó el pago de la factura. Basta ver la siguiente imagen para entender que cualquiera sin conocimientos técnicos se daría cuenta de que no había sido arreglada.
https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/20230317/grietas-desconchones-mentiras-quedaron-cuarteles_18_09020443.html
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