agricultura y ganadería

UPA y COAG denuncian restrasos de la Junta de cinco años en el pago de ayudas de incorporación y mejora

Por Ical | 24/06/2014

La opa confía en un guiño del presidente de la Junta durante el debate de política general de mañana y advierte de que actualmente la instalación de jóvenes es casi nula si no fuera dentro de la explotación de los padres.

 

La Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG, denunció hoy que la Consejería de Agricultura y Ganadería demora hasta en cinco años el pago de las ayudas de incorporación de jóvenes y la mejora y modernización de explotaciones, una situación que provoca una situación dramática por la obligación de suscribir hipotecas con las entidades financieras para poder ejercer la actividad hasta que se pagan estas líneas y que, en muchas ocasiones, llegan tarde tras embargos y con riesgo de arruinar incluso a la familia.
La organización agraria escenificó este retraso en el pago con una rueda de prensa a las puertas de la Administración agraria, en Valladolid, en la que estuvo presente medio centenar de agricultores y ganaderos de la Comunidad que se encuentran en esa situación con pancartas en las que se leía 'Los jóvenes somos y queremos futuro para el campo' y 'Joven incorporado, joven hipotecado'.
"Este grupo de jóvenes, al igual que otros cientos en la Comunidad, sufren las consecuencias de una engañifa de la Junta, porque no es aceptable demoras en el pago de entre cuatro y cinco años de algunos expedientes", sostuvo el coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, quien alertó de los "problemas de liquidez" a los que ha llevado esta decisión de la Junta a estos profesionales, incluso con problemas sanitarios en sus cabañas y que "se sostienen gracias al apoyo familiar". También, lamentó que a algunos jóvenes les han embargado su maquinaria después de invertir en ella al no poder hacer frente a los préstamos por el retraso de las ayudas.

En este sentido, Pérez aseguró estar "harto" de que se hable de incorporaciones todos los años, unas 500 anuales, "y se venden como un éxito". "¿De qué sirve si luego les obligan a hipotecarse porque no les pagan?", se preguntó, para añadir que de esta forma "les llevan a un callejón sin salida que frena el futuro del sector y que se ha convertido en un fracaso".
Por su parte, el secretario regional de UPA, Julio López, argumentó que la Junta certifica los expedientes en función del dinero "que tiene, pero las solicitudes son muchas más". Esta ausencia de pagos, dijo, evitará dar la vuelta a la "pirámide" de población rural, en la que actualmente se aprecia que un seis por ciento de agricultores cuenta con menos de 40 años y que un 63, más de 55. "Basta ya de cacarear con la incorporación de jóvenes", exclamó López.
De hecho, señaló que en los últimos doce años han abandonado el sector unos 28.000 profesionales, según el Régimen de la Seguridad Social Agraria, con un relevo generacional que sólo ha ocupado el 21 por ciento de ese espacio dejado. En este sentido, López informó de que actualmente la instalación de jóvenes no existe si no se incorporan en la explotación de sus padres.
Un guiño en las Cortes
Julio López confió en que un guiño del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante el debate de política general de mañana en las Cortes. "Es un buen día para que diga cómo están los expedientes y las razones por las que no paga unas ayudas que son para compensar las inversiones que tienen que realizar para iniciar la actividad, con hipotecas", manifestó. Al respecto, "si es un chollo, como dice la Junta, ¿porque no se ha incorporado media Castilla y León?". Igualmente, apuntó a la "tristeza" de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, porque "todo el mundo sabe la aportación del sector al PIB regional y este año la mala cosecha la reducirá en un 1,5 puntos".
También explicó que "no están avanzando nada" si pagan la línea A, de incorporación, y no la B, de modernización, y animó a profundizar en el informe anual del CES, que se conocerá en los próximos días porque aborda esta cuestión. Por último, criticó que la última convocatoria de incorporación, que se publicó en el Bocyl a finales de mayo, sólo daba 15 días -aunque se alargó hasta el 30 de junio posteriormente- para presentar solicitudes. "En ese periodo, expedientes con justificaciones de 500 folios, no da tiempo ni para hacer fotocopias", denunció López, quien consideró que la Consejería "lo ha hecho sólo para tener un discurso, pero no por las incorporaciones". De hecho, confirmaron que el flujo de jóvenes que lo están pidiendo es bajo.
Llamamiento de los jóvenes
La rueda de prensa ante la Consejería sirvió para conocer, de mano de los propios afectados, las peticiones de los jóvenes con un llamamiento a la sociedad. Al respecto, destacaron que ellos son el "futuro de un medio rural envejecido", en el que por cada agricultor o ganadero nuevo se crean ocho empleos.
Ángeles Santos, ganadera zamorana, abogó por "políticas agrarias, más allá de las ayudas", y enumeró algunos de los "principales obstáculos", como son la gran cifra de perceptores de la PAC sin actividad; las dificultades para acceder a las tierras; la definición de agricultor activo de la nueva PAC; la escasa fluidez del crédito en las entidades financieras; el exceso de burocracia; la falta de presupuesto; que los programas de Desarrollo Rural "no facilitan la incorporación"; y el propio retraso de los pagos de las ayudas. "Todo ello provoca asfixia en el proyecto vital que supone la incorporación al sector y que, en ocasiones, puede arrastrar a toda la familia".
En los mismos puntos coincidió Ventura González, agricultor de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), quien apostó por "desenmascarar" las cifras de la Consejería y reclamó los "derechos" de los jóvenes del medio rural, ya que éstos "no deben ser discriminados con relación a otras zonas". Por ello, reclamó que agricultor activo sea lo mismo que a título principal; nuevas medidas de ayudas desacopladas; políticas agrarias encaminadas "al futuro y no al pasado"; un Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 "que priorice la incorporación de jóvenes; puesta en marcha del Banco de Tierras creado en la Ley Agraria; "mayor prestigio social para la profesión agraria y ganadera; formación continua y líneas específicas de financiación.