Administración local

Domingo, 17 de febrero de 2013

Con la reforma de la Administración local
La gran mayoría de alcaldes de Ávila podrá mantener la dedicación exclusiva

Carlos de Miguel


Los Presupuestos Generales del Estado establecerán anualmente el tope máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos, según criterios de población.

El Gobierno ha decidido fijar el límite retributivo de los alcaldes en el salario de un secretario de Estado, que está entre 95.000 y 100.000 euros anuales, al que debe restarse un porcentaje según el número de habitantes del municipio.

En el caso de la provincia, el salario máximo del alcalde de Ávila, al ser una ciudad de más de 50.000 habitantes, será de 65.000 euros, mientras que para los alcaldes de los cuatro municipios abulenses con más de 5.000 habitantes (Arévalo, Arenas de San Pedro, Las Navas del Marqués y Candeleda), las retribuciones no podrán exceder de los 40.000 euros, cifra que actualmente supera el alcalde de la capital de La Moraña.

Mientras, para los alcaldes de los diez municipios de la provincia que tienen entre 2.000 y 5.000 habitantes, el salario máximo que establece la ley prevista por el Gobierno se sitúa en 30.000 euros, cantidad que ahora sobrepasa el alcalde de El Hoyo de Pinares.
Por otro lado, para los regidores de los cinco municipios de la provincia entre 1000 y 2.000 vecinos (Madrigal de las Altas Torres, Casavieja, Burgohondo, Mombeltrán y El Arenal) la retribución máxima será de 20.000 euros, mientras que los alcaldes de menos de 1.000 habitantes no podrán tener dedicación exclusiva, lo que afecta en la provincia al menos a media docena de regidores.
Por su parte, el presidente de la Diputación tendrá un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia, que será igual al del alcalde de la corporación más poblada de la provincia, esto es 65.000 euros, 3.000 más de lo que gana ahora.

Dedicación exclusiva

De los 1.380 cargos electos que conforman los 248 ayuntamientos de la provincia sólo 74, es decir, el 5,4 por ciento, podrá tener dedicación exclusiva. De este modo, el 94,6 por ciento de los ediles ejercerá su actividad política sin remuneración del consistorio.
De los 248 alcaldes que tiene la provincia de Ávila, sólo 22, el 8,9 por ciento, podrá acogerse a la dedicación exclusiva para beneficiarse de un salario municipal, y de los 1.132 concejales restantes, sólo lo podrán hacer 52, el 4,6 por ciento.

Personal eventual

En cuanto al personal eventual que pueden contratar los ayuntamientos con la reforma de la administración local que propone el Gobierno, al de Ávila, al tener más de 50.000 habitantes, le correspondería un máximo de 12, cuando ahora tiene 12 y una media jornada.
Los municipios entre 5.000 y 10.000 vecinos pueden contratar un solo trabajador como personal eventual y los de menos de esa población ninguno. En la Diputación, el personal eventual con dedicación exclusiva tendrá el mismo régimen que en el del Consistorio de la capital.

Objetivos

Precisamente, la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recurso es uno de los objetivos del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que implanta un modelo de gestión por resultados, de evaluación de la gestión y con la máxima transparencia, según ha conocido el Consejo de Ministros.
Así, los ciudadanos van a saber cuánto les cuestan los servicios públicos en su municipio, cómo se administran y si son más caros o baratos que en otro municipio.
Otros retos de la reforma pasan por Racionalizar la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, para que se no gaste más de lo que se ingresa.
Además, se clarifican las competencias municipales para evitar duplicidades, bajo el principio de ‘Una Administración, una competencia’ y se garantiza un control financiero y presupuestario más riguroso, además de favorecerse la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Competencias locales

Así, la reforma define la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local, que diferencia de las estatales y autonómicas, para impedir que vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la Ley y para las que no cuentan con la financiación adecuada.
Se suprimen, por tanto, las llamadas competencias impropias, asumidas indebidamente y que estaban ocasionando un grave perjuicio económico a los Ayuntamientos, que solo tendrán las competencias que dice la Ley y sólo puede hacer esas competencias.
Por ejemplo, las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las Comunidades Autónomas, estableciéndose un período transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias, aunque en el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.

Racionalizar la estructura

Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer su coste real y comparar con el eficiente.
Si resulta que no se puede mantener el servicio, y se trata de una competencia impropia, se debe suprimir y si se trata de un servicio mínimo, la prestación de los servicios de los Ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes pasaría a la Diputación, para permitir ahorros mediante generación de economías de escala.
En el caso de los municipios con población superior a los veinte mil habitantes, voluntariamente pueden decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una competencia duplicada, acordar su delegación, mediante acuerdo, con la Junta de Castilla y León.
La delegación de competencias al municipio, cuya duración no será inferior a cinco años, irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma.

Blacha y Balbarda

Las mancomunidades y las entidades locales menores (Blacha y Balbarda en el caso de la provincia de Ávila) se someterán también a un proceso de evaluación, que si no lo superan, serán disueltas. En ese supuesto, los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de la Diputación, mientras que los de las entidades locales menores dependerán del municipio, que es La Torre.